El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y que otorga nuevas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tendrá la atribución de garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como establecer condiciones y contraprestaciones en los casos donde los concesionarios no lleguen a un acuerdo.
Según la información de la Cámara de Diputados, también corresponde a esta dependencia establecer bases de regulación tarifaria «cuando no existan condiciones de competencia efectiva». La SCT deberá promover además «incrementar las oportunidades oconcurrencia de nuevos participantes en infraestructura ferroviaria, para terminar con la exclusividad territorial de la cual gozan actualmente los concesionarios de ferrocarril», señala el comunicado.
El dictamen establece nuevas causales de revocación de las concesiones o permisos, entre ellas, a quienes ejecuten u omitan acciones que impidan o limiten el uso de servicios de interconexión de terminal, los derechos de paso, arrastre, o que impidan que las vías funcionen como rutas continuas de comunicación.
Asimismo, será causal de revocación inmediata a quienes no mantengan las vías férreas de acuerdo a los estándares establecidos en reglamentos o normas oficiales mexicanas o cuando previamente la SCT hubiese sancionado al concesionario o permisionario en dos ocasiones cuando apliquen tarifas no registradas ante la secretaría. También se revocará la concesión a quienes ejerzan prácticas anticompetitivas alegando exclusividad territorial.
El dictamen estable también que los concesionarios tendrán la obligación de respetar los límites establecidos para emisiones de ruidos, así como horarios para el uso del silbato. Se establecerán infracciones para quienes rebasen estos límites de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. De igual manera, deberán instrumental una debida señalización, sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal.
En un artículo transitorio, se establece que los concesionarios y permisionarios tendrán un plazo de seis meses a partir de la publicación de este ordenamiento para registrar todas sus tarifas.
El documento fue avalado en lo general por 354 votos a favor, 36 en contra y nueve abstenciones y surge de dos iniciativas presentadas entre octubre y noviembre de 2013 por los diputados Fernando Maldonado Hernández y Abel Guerra Garza (PRI), así como Esther Quintana Salinas (PAN). La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (MC) presentó una reserva en lo particular al artículo 35, la cual fue rechazada por el Pleno y el documento se turna al Senado. Previo a su discusión, el Pleno avaló un paquete de modificaciones técnicas presentado por la Comisión de Transportes.
En las consideraciones, señala el comunicado de la Cámara de Diputados, se señala que en los últimos 17 años no se ha invertido en hacer crecer las líneas ferroviarias del país. Prueba de ello, refiere el documento, de 2001 a 2007, las vías sólo crecieron siete kilómetros.
